En 1984 el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) acordaron el cese el fuego para iniciar conversaciones de paz. Un año después surgía un movimiento político en el cual los guerrilleros participaron cambiando el fusil por el discurso: la Unión Patriótica. Al proyecto se sumaron excombatientes, las principales fuerzas de izquierda e incluso liberales, conservadores y dirigentes sociales que buscaban una vía pacifica para llevar a cabo los profundos cambios que Colombia necesitaba.
Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones legislativas y presidenciales de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la UP que en menos de una década ocasionó más de 3.000 asesinatos de sus militantes y simpatizantes, entre los que figuran dos candidatos a la Presidencia de Colombia y centenares de cargos electos. Los autores materiales fueron los grupos paramilitares y la Fuerza Pública -militares y policías- plenamente identificados por numerosos testigos aunque la mayoría nunca fueron condenados; quienes dieron la orden de matar aún permanecen ocultos bajo el oscuro manto de la impunidad. Unos y otros actuaron conjuntamente por el temor a que la UP se convirtiera en una opción real de poder en Colombia.

Veinte años después de su fundación y a pesar de que la UP ya no concurre a las elecciones, el exterminio continúa. Durante los cuatro años de Gobierno de Uribe Vélez (2002-2006) han sido asesinados 136 sobrevivientes de la UP y 38 fueron desaparecidos; además, siguen sufriendo la estigmatización por parte de las autoridades hasta tal punto que recientemente las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los representan decidieron romper las conversaciones que mantenían desde hace años con el Gobierno para buscar una solución amistosa al caso que se investiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La impunidad en que se mantiene el caso de la UP y los continuos ataques a que son sometidos los sobrevivientes frenan las esperanzas de que los grupos insurgentes confíen en la voluntad de negociación del Estado Colombiano.