I. Estado de la situación jurídica en materia de acceso a la tierra para mujeres productoras rurales. -- II. Síntesis de los principales obstáculos para el acceso y control de la tierra de las mujeres rurales. -- III. Mapeo de iniciativas relacionadas con el derecho a la tierra. -- IV. Propuestas y recomendaciones para incorporar en los proyectos FIDA. -- V. Conclusiones.

Resumen analítico:

El texto corresponde al informe de investigación impulsado por El Centro de Mujeres Afrocostarricenses y realizado por el CINEP con el propósito de diagnosticar la realidad jurídica del derecho a la propiedad de las mujeres rurales en 9 países de la región de América Latina y el Caribe. Se reconoce que aunque el marco jurídico es cada vez más sensible a los intereses de las mujeres rurales, existen obstáculos institucionales, sociales y culturales que limitan su derecho a la propiedad y al uso y control de la tierra. Algunas de las causas identificadas son: el desconocimiento de los marcos legales por parte de las mujeres rurales; la distancia que existen entre las normas que regulan y ejecutan las políticas agrarias y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos especiales para las mujeres rurales; la ausencia de programas dirigidos a atender de forma exclusiva la situación de las mujeres rurales; las barreras culturales y sociales para el acceso a la tierra de las mujeres campesinas. Se hace una valoración de las experiencias exitosas de acceso a la tierra por parte de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes con acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, centros de pensamiento e instituciones públicas, han podido transformar sus condiciones materiales de marginación y exclusión, y configurar rutas y caminos hacia la emancipación. Para el caso colombiano el estudio concluye que, a pesar de algunas transformaciones favorables de los marcos legales en las últimas dos décadas, la plena garantía de acceso a la tierra de las mujeres rurales es aún una tarea pendiente. El problema no radica esencialmente en la ausencia de normas, pues estas existen y además, en muchos casos, se han incorporado expresamente medidas favorables a las mujeres, a las que consideran como beneficiarias directas de los programas estatales de acceso a tierras. Más bien se trata de la persistencia de una brecha entre la norma y la realidad.
Realizado por: Helena Useche, julio de 2019