Reivindicar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto de nuestro creciente conflicto armado, es recuperar al ser humano como sujeto central y como destinatario de estos derechos. El esfuerzo que hemos venido haciendo en estas materias corresponde al mandato constitucional que atribuye a la Procuraduría la representación de los intereses de la sociedad frente al Estado y a la función de garante de los derechos humanos en el país. En el imaginario colectivo subsiste la idea de que la Procuraduría, como ente de control, solamente se ocupa de sancionar a los servidores públicos que han incurrido en la vulneración de derechos. La constitución Política del 1991 entrego a la Procuraduría nuevas responsabilidades y estimuló la actividad preventiva en varios campos.